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Un nuevo informe internacional plantea que reducir las barreras económicas a los gimnasios puede generar enormes beneficios en salud, economía y cohesión social. Sin embargo, desde el Consejo COLEF se insiste en que la transformación del sector fitness en una verdadera infraestructura de salud solo será legítima si se asume la responsabilidad de contar con profesionales cualificados. Las educadoras y educadores físico deportivos deben liderar estas intervenciones para garantizar su seguridad, eficacia y alineación con los objetivos de salud pública.
La reducción del coste económico como estrategia para aumentar la participación en actividad física estructurada es el eje del nuevo informe publicado por la Health and Fitness Association (HFA, antes IHRSA) y la consultora internacional Portas Consulting. Este estudio, difundido en España por la consultoría MAS, plantea una propuesta con evidencias sólidas: una disminución del 10 % en las cuotas de gimnasios, respaldada por políticas públicas, podría suponer una auténtica transformación en salud pública, bienestar social y crecimiento económico.
REVERTIR LA CRISIS DE INACTIVIDAD FÍSICA.
La asequibilidad de la actividad física como política estratégica
Los datos para el caso español son elocuentes. Esta medida permitiría que hasta 2,7 millones de personas accedieran a instalaciones deportivas, previniendo alrededor de 98.000 casos de enfermedades al año, evitando más de 500 muertes, y generando un ahorro de 680 millones de euros en costes sanitarios. Además, se estima que contribuiría a un gasto adicional de 1.400 millones de euros en la economía y a la creación de 29.500 empleos. Todo ello partiendo de una inversión pública estimada en 278 millones, con un retorno social de la inversión de 2,4 veces el coste inicial.
El informe pone de manifiesto un problema que desde hace tiempo preocupa al Consejo COLEF: la inactividad física generalizada y las barreras económicas que impiden el acceso al ejercicio estructurado. En España, el 45 % de las personas que no son usuarias de gimnasios identifican el coste como el principal impedimento. La falta de oportunidades para hacer ejercicio no solo afecta a la salud individual, sino que genera un impacto profundo en la cohesión social y en la sostenibilidad del sistema sanitario.
En este contexto, las políticas públicas desempeñan un papel crucial. Iniciativas como la deducción fiscal para quienes practican deporte, o los planes de prescripción de actividad y ejercicio físico, son ejemplos tangibles de cómo el impulso institucional puede facilitar el acceso a la práctica físico-deportiva. Pero estas acciones deben ir acompañadas de una reflexión más profunda sobre la calidad, la seguridad y la profesionalidad de las intervenciones que se promueven.
El Consejo COLEF, que representa a quienes cuentan con titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD), insiste en que la interrelación del ámbito del deporte con el sanitario solo será viable y legítima si se respetan los estándares profesionales. Es decir, si el sector del fitness está dispuesto a aceptar que, en el ámbito estatal, determinadas actividades deben estar reservadas a las y los profesionales con la máxima cualificación: los graduados y graduadas en CAFyD; en concreto, la dirección técnica de los servicios deportivos y la preparación física, tal y como ya se regula en la mayoría de las CCAA.
La transformación del sector fitness en una infraestructura de salud —tal y como plantea el informe— no puede desligarse de la responsabilidad. Las instalaciones deportivas pueden ser espacios clave para mejorar la salud comunitaria, pero solo si están orientadas por criterios de evidencia, seguridad y cualificación profesional. El Consejo COLEF reitera que las educadoras y educadores físico deportivos deben liderar cualquier estrategia que aspire a mejorar los indicadores de salud a través de la actividad física.
Desde esta posición, se valora positivamente el trabajo de la consultoría MAS en la difusión de este informe internacional, y se renueva la disposición del Consejo COLEF a colaborar con los poderes públicos y otros agentes del sector para avanzar en políticas que fomenten la práctica físico-deportiva, reduzcan las barreras de acceso y garanticen la intervención de profesionales cualificados. Solo así será posible revertir la tendencia de inactividad física de forma sostenible, equitativa y eficaz.
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