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El número 221 de la revista Profesiones, editada por Unión Profesional, publica un artículo de Víctor Jiménez Díaz Benito en el que analiza los principales desafíos que afronta el ejercicio profesional de la Educación Física y Deportiva en el medio rural. El texto reflexiona sobre la escasa integración de estos servicios en las políticas de desarrollo territorial, las dificultades para atraer y consolidar profesionales cualificados y la necesidad de impulsar una planificación pública que garantice la equidad territorial y el acceso de toda la ciudadanía a servicios profesionales de calidad.
El número 221 de la revista Profesiones, editada por Unión Profesional, ha publicado un artículo de Víctor Jiménez Díaz Benito (col. 64.925), asesor del área de Dirección Técnica y Gestión del Consejo COLEF, dedicado a analizar algunos de los retos estructurales que condicionan el ejercicio profesional de la Educación Física y Deportiva en el medio rural.
La reflexión parte de una realidad ampliamente conocida: los territorios rurales afrontan importantes desafíos demográficos, sociales y de acceso a servicios públicos. Sin embargo, con demasiada frecuencia la educación física, la actividad física y el deporte continúan ausentes de las estrategias de desarrollo territorial, pese a su contribución al bienestar, la cohesión social, la salud, la dinamización económica y la fijación de población.
Desde el Consejo COLEF venimos defendiendo que garantizar el acceso de toda la ciudadanía a servicios profesionales de Educación Física y Deportiva constituye también una cuestión de equidad territorial. Ello exige planificación, financiación adecuada, reconocimiento del valor de quienes ejercen profesionalmente y políticas públicas capaces de atraer y mantener profesionales cualificados en los municipios rurales, especialmente en aquellos afectados por el envejecimiento, la dispersión poblacional o la despoblación.
El artículo que reproducimos a continuación invita precisamente a reflexionar sobre estas cuestiones, poniendo el foco en las condiciones estructurales que dificultan la organización de los servicios, el desarrollo profesional y la respuesta a las necesidades de la población rural. Una reflexión que resulta especialmente pertinente en un momento en el que las políticas públicas avanzan hacia una mayor integración de la actividad física en los ámbitos de la salud, los servicios sociales y el desarrollo comunitario, pero en el que sigue siendo necesario incorporar una verdadera perspectiva territorial.
LATENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL EJERCICIO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA EN EL MEDIO RURAL
Por Víctor Jiménez Díaz-Benito (col. 64.925),
asesor del área de Dirección Técnica y Gestión del Consejo COLEF.
Si en el cambio de siglo los dirigentes públicos hubiesen anticipado que el sector del deporte produce dos empleos más en el conjunto de los sectores económicos por cada puesto de trabajo directo, tal vez la realidad que emana del valor de la producción total de los bienes y servicios relativos al deporte, que representa en torno al 1,25% del total de la economía española, sería, cuando menos, parte de una política económica solidaria con las zonas rurales españolas.
Como ha sido constatado en las contribuciones académicas más importantes de la última década, se han producido importantes cambios tanto en los procesos de actividades físicas y deportivas practicadas, como en las necesidades y los modos de satisfacción de los usuarios. Ello ha traído consigo transformaciones ulteriores en los procesos de atención y practicantes para el desarrollo de la educación física, la actividad física y el deporte en las zonas rurales españolas.
Aquella vieja proclama de transversalizar la política deportiva sería útil si no hubiese sido inexistente la incorporación concreta de la educación física, la actividad física y el deporte en la planificación territorial. Aunque la producción de teoría en el proceso de producción social de la estructura de relaciones y sus posibles contradicciones en el medio rural sigue siendo nula desde los noventa, no es menos cierto que los poderes públicos no han escogido la mejor política para alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo en el sector del deporte –entendiéndolo en las personas que dirigen y prestan servicios– en función de la etapa del ciclo económico.
En primer lugar, porque el crecimiento económico no implica ni calidad en el empleo ni desarrollo profesional; en segundo, porque crecimiento no entraña, a la luz de la evidencia, mejores salarios para los profesionales. Si no, ¿qué factores explican que desde el año 1978 exista el profesor de educación física, pero, a pesar de ser la mayor cualificación deportiva de todas las que existen en España, en los convenios colectivos no está reflejado?
Tampoco se cuentan con estudios que permitan comprender qué combinación de factores explica mejor el fenómeno de la práctica deportiva en zonas despobladas y cómo se configura este resultado en la formulación de políticas públicas.
AUSENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Entre las preocupaciones del Consejo COLEF hacia los educadores físico deportivos que desarrollan su labor en el medio rural despoblado y envejecido se encuentra el mejoramiento de los procesos de relación entre el sistema sanitario, las organizaciones de los centros de trabajo y los ayuntamientos. Pese a que cerca de un 17% de la población española (alrededor de 7.600.000 personas) residen en el medio rural, la ausencia de servicios públicos relativos a la sanidad, los transportes o la Educación Física y Deportiva trae consigo una situación preocupante.
Una de las principales variables que presumiblemente afecta al medio rural es dar servicio profesional a las personas que tienen demandas latentes hacia la práctica regular y continuada de actividad física. Ello es especialmente visible en las mujeres que residen en las zonas rurales españolas que, en muchas ocasiones, contribuyen a las economías familiares, sin cotizar y en unas condiciones laborales sumamente precarias. Ellas son, en esencia, un comodín que está invisibilizado. Los entornos de trabajo no remunerado, precarios, informales y desprotegidos son tan llamativos como preocupantes.
FALTA DE POLÍTICAS CONCRETAS E INCENTIVOS
Sin embargo, el aparentemente sano propósito de incorporar la receta deportiva está siendo un fracaso organizativo. La falta de formulación de políticas concretas e incentivos que promuevan el establecimiento de los educadores físico deportivos en el medio rural son inexistentes, trayendo consigo una inusual caída en la oferta empleo, inabarcable de la demanda latente de servicios de educación física, actividad física y deporte de la población en estos territorios, especialmente en las mujeres, las personas mayores y las nuevas demandas derivadas de la nueva estratificación social conformada por la inmigración y otras necesidades especiales en grupos sociales vulnerables e injustamente desatendidos.
En rigor, el estudio serio de las condiciones laborales, la devaluación de los salarios y la falta de empleo de calidad de las personas que dirigen y prestan los servicios de educación física, actividad física y deporte es una realidad que ha sido nulamente observada por la estadística deportiva española, y con ello, ha quedado desprovisto el educador físico deportivo de una brújula que le oriente de un punto de partida concreto. Este y otros factores han producido una mayor concentración de estos profesionales en las actividades en la enseñanza formal de la educación física escolar o, directamente, en entornos urbanos, compitiendo con otras categorías profesionales y cualificaciones.
A su vez, la falta de control o la mera ignorancia normativa ha traído consigo la aparición de resultados desprovistos de una adecuada prestación de los servicios desde la categoría profesional adecuada, a pesar de que la Educación Física y Deportiva ha sido considerada de interés general por los poderes públicos. Los procesos de relación en la sociedad líquida para la práctica de actividad física en el medio rural y la importancia de la racionalización de recursos, la producción de los servicios y el proceso de planificación siguen siendo determinantes de un mejoramiento de la calidad de vida de la población.
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