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El Congreso de los Diputados ha vuelto a interpelar al Gobierno sobre la ley de regulación profesional en el deporte durante la comparecencia de la ministra en Comisión. EH Bildu ha puesto el foco en dos cuestiones clave: el respeto a las competencias autonómicas y la configuración de la profesión de educadora o educador físico deportivo como profesión titulada y colegiada de acceso universitario. El debate retoma el marco fijado en 2024 y cuestiona la equiparación entre el Grado universitario en CAFyD y las titulaciones de Formación Profesional planteada por el Ministerio en el primer semestre de 2025.
La regulación del ejercicio profesional en el deporte ha regresado al centro del debate parlamentario. Lo ha hecho en una sesión de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes en la que comparecía la ministra, Milagros Tolón, y en la que distintos grupos interpelaron directamente al Gobierno sobre una norma que acumula retraso y sobre cuyo enfoque siguen existiendo cuestiones de fondo sin resolver.
Durante la comparecencia, el diputado Javier Merino (PP) recordó el compromiso adquirido por España con la Unión Europea para desarrollar la ley. Por su parte, la diputada Marije Fullaondo (EH Bildu) centró el debate en los elementos sustantivos de la regulación, con una intervención especialmente precisa desde el punto de vista jurídico.
Fullaondo partió de un marco claro. Por un lado, la disposición final sexta de la Ley 39/2022, del Deporte, que fijó un plazo —ya superado— para regular las profesiones del deporte, señalando además la configuración de la profesión de educadora o educador físico deportivo como profesión titulada y colegiada de acceso universitario. Por otro, el acuerdo adoptado por el propio Congreso en junio de 2024 mediante una Proposición no de Ley, que estableció que esta regulación debía limitarse a las profesiones tituladas y respetar tanto las competencias autonómicas como el desarrollo normativo existente.
A partir de ese marco, la diputada planteó los principales problemas del último planteamiento conocido del Anteproyecto. En particular, advirtió de la incongruencia de equiparar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con los títulos de Formación Profesional de grado superior —en concreto, TSEAS y TSAF— dentro de una misma profesión.
Asimismo, puso de relieve la contradicción que supondría configurar profesiones tituladas en el ámbito de la Formación Profesional sin integrar adecuadamente a los certificados de profesionalidad, que comparten ese mismo espacio de cualificación.
Pero fue en su repregunta donde situó con mayor claridad el núcleo del debate, interpelando directamente a la ministra: «Hay un ámbito —el de la Formación Profesional y los certificados— que las comunidades autónomas ya están regulando con normalidad, y otro —como por ejemplo el de la profesión universitaria de educador físico deportivo— que sí requiere desarrollo estatal. ¿Va el Gobierno a respetar esa distinción o pretende difuminarla?».
La cuestión planteada no es menor. Introduce una distinción esencial desde el punto de vista jurídico y competencial entre lo que corresponde ordenar al Estado —el ámbito de las profesiones tituladas— y lo que ya están desarrollando las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. En este sentido, conviene recordar que en la actualidad diez comunidades autónomas cuentan con leyes de ordenación del ejercicio profesional en el deporte. No se parte, por tanto, de un vacío normativo, sino de una tendencia legislativa consolidada.
La respuesta de la ministra Milagros Tolón se limitó a señalar que existe una vía de diálogo abierta con el sector, las comunidades autónomas y los grupos parlamentarios para que la ley salga adelante. Sin embargo, no concretó si el Gobierno va a respetar la diferenciación entre niveles formativos ni cómo va a encajar el desarrollo autonómico existente, que fueron precisamente las cuestiones planteadas en la Comisión.
Este contexto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en mayo de 2025, el Ministerio intentó elevar al Consejo de Ministros un Anteproyecto que incluía expresamente la equiparación de una titulación universitaria con los títulos de Formación Profesional de grado superior dentro de una misma profesión. Aquel planteamiento fue finalmente frenado, y desde entonces no se han producido avances públicos significativos.
Lo ocurrido en esta sesión confirma que el Congreso no solo sigue pendiente de esta norma, sino que está marcando con claridad los límites dentro de los cuales debe desarrollarse. La futura ley deberá, necesariamente, respetar el marco competencial, atender al desarrollo autonómico y consolidar la profesión de educadora o educador físico deportivo como profesión titulada, colegiada y de acceso universitario.
Porque la cuestión ya no es únicamente cuándo se aprobará la ley, sino si esta será capaz de ordenar el sector con coherencia jurídica y con respeto a la realidad existente. El Congreso ha vuelto a recordarlo. Ahora corresponde al Gobierno dar respuesta.
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