Ya disponible el informe del Consejo COLEF “Entrenamiento Personal en España: contexto normativo y conceptualización para abordar su regulación estatal”. Este documento, fruto de un intenso trabajo de revisión experta y validación institucional, aborda la cuestión clave de qué es y qué no es entrenamiento personal. La propuesta se resume en ordenar sin excluir: diferenciar con claridad el entrenamiento personal, reservado a titulados universitarios en CAFyD, de la instrucción individual de ejercicio físico, legítima para perfiles técnicos de FP.

El Consejo COLEF publica el informe “Entrenamiento Personal en España: contexto normativo y conceptualización para abordar su regulación estatal”, un documento de referencia que ayer se dio a conocer en un webinar de presentación celebrado el 1 de octubre. El texto es fruto de un proceso largo y riguroso: surgió tras el webinar inicial «Entrenamiento Personal: hacia una definición consensuada y competencias clave», fue revisado por especialistas y responsables de másteres universitarios, y finalmente sometido a doble validación plenaria en el Consejo COLEF. El resultado es un informe sólido, legítimo y necesario.

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En sus primeras páginas, el documento aborda la conceptualización científica del entrenamiento personal, mostrando que no puede reducirse a la simple atención individualizada en un gimnasio. Se trata de un proceso profesional complejo que exige evaluación inicial, diagnóstico físico-deportivo, diseño de programas personalizados, supervisión constante, adaptación continua y reevaluación. El informe también recorre el sistema formativo en acondicionamiento físico, destacando las diferencias entre la formación universitaria (Grado en CAFyD) y la formación profesional (TSAF), y repasa el marco normativo autonómico, donde la mayoría de leyes ya reservan esta práctica a las y los titulados universitarios en CAFyD, mientras que en algunas comunidades se permite a técnicos de FP intervenir con limitaciones en población sana.

Sin embargo, el corazón del informe no está en describir la situación actual, sino en proponer un modelo de futuro. El mensaje es claro: ordenar sin excluir. El entrenamiento personal debe entenderse como una especialidad propia de las y los educadores físico deportivos, pero eso no significa negar la existencia de otros servicios individualizados de ejercicio físico.

El informe explica que no toda atención uno-a-uno puede denominarse entrenamiento personal. Este concepto está reservado para una práctica profesional de alta complejidad, sustentada en conocimientos científicos y competencias avanzadas. En paralelo, reconoce que existen servicios de menor exigencia —como la instrucción básica de rutinas predefinidas para población sana— que pueden y deben estar en manos de técnicos superiores en acondicionamiento físico.

La propuesta consiste en una diferenciación nítida de niveles de servicio, con denominaciones claras:

• Entrenamiento personal: proceso profesional universitario, científico y ético, orientado a la salud, la readaptación o el rendimiento, que integra evaluación, diagnóstico, planificación, monitorización y ajustes individualizados.

• Instrucción individual de ejercicio físico: servicio técnico legítimo, prestado por perfiles de FP, centrado en la orientación y supervisión básica de ejercicios previamente definidos, sin análisis funcional ni planificación personalizada.

Este esquema, lejos de excluir, permite convivir legítimamente a distintos perfiles profesionales, cada uno con su rol, competencias y responsabilidades bien definidas. El informe lo resume en un principio sencillo: se trata de ordenar el mercado, no de expulsar a nadie.

Además, el documento aporta criterios prácticos para diferenciar servicios, como la existencia o no de evaluación avanzada, planificación periodizada, monitorización de variables fisiológicas o intervención en poblaciones con necesidades especiales. Estos criterios ayudan a la ciudadanía a identificar qué servicio está contratando, qué nivel de profesionalidad implica y qué perfil lo presta, evitando la confusión que hoy sigue predominando en el sector.

Con ello, se pretende dar una respuesta equilibrada:

• A la ciudadanía, garantizando servicios de calidad, seguros y transparentes.

• Al sector profesional, reduciendo conflictos laborales y ofreciendo un marco claro de reconocimiento.

• A los poderes públicos, aportando una propuesta coherente con las leyes autonómicas ya vigentes y útil para avanzar hacia una regulación estatal.

El informe concluye con ejemplos ilustrativos que muestran cómo se aplican estas distinciones en la práctica, dejando patente que la claridad en la terminología y en la delimitación competencial es la única vía para lograr un modelo profesional coherente, seguro y justo.

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Fuente: Consejo COLEF